Publicado originalmente en árabe en Nawaat el 11 de julio de 2015 y en Inhiyez el 23 de octubre de 2017.
Leer en: العربية · English · Français
Nota de la redacción: este reportaje se escribió en julio de 2015. Las cifras y la situación jurídica que describe son las de entonces; no recoge la evolución posterior del caso de Jemna.
El caso de lo que se conoce como «Henchir Stil» en Jemna es otro ejemplo de las preguntas difíciles que el levantamiento del 17 de diciembre logró plantear sin llegar a responderlas. También aquí se trata de una lucha por la tierra entre David y Goliat: una lucha entre grandes explotadores privados, respaldados por el Estado con sus leyes y sus autoridades locales, y unos ciudadanos que consideran tener más derecho a explotar «la tierra de sus antepasados» y a beneficiarse, junto con su ciudad, de sus ingresos. Es, pues, un conflicto por la tierra que vuelve a plantear la cuestión «ideológica» que la «revolución» debía haber zanjado, de haber triunfado: ¿qué debe prevalecer, el bien común o el beneficio privado?
Recordatorio de los hechos
El 12 de enero de 2011, en pleno levantamiento popular contra el régimen de Ben Ali, decenas de vecinos de la ciudad de Jemna se dirigieron a lo que llaman «Henchir Stil» (por la empresa tunecina de productos lácteos conocida por su sigla, Stil) y tomaron el control, poniendo así fin a la «injusticia histórica» que sufrían.
Hasta entonces, el Estado arrendaba el henchir (palabra de origen desconocido que designa una gran finca), situado en las afueras de su ciudad, a dos explotadores. Los vecinos lograron rápidamente recuperar «la tierra de los antepasados» que soñaban desde hacía tiempo con recobrar. Los dos arrendatarios, a quienes los vecinos acusan de corrupción y de haberse beneficiado del favoritismo del antiguo poder, llamaron al ejército desde el cuartel de Kebili para que les devolviera «su tierra». Pero los mandos militares optaron por no enfrentarse a los cientos de vecinos que mantuvieron una acampada frente a la finca durante noventa y seis días en apoyo de la decisión de recuperar la tierra.
Con la retirada del ejército, y en ausencia de las fuerzas de seguridad, los jemníes, encabezados por la Liga local de Protección de la Revolución, se hicieron cargo de la situación y empezaron a explotar la tierra. Desde hace cuatro años, la Asociación de Protección de los Oasis de Jemna, formada sobre todo por antiguos miembros de la Liga, que se disolvió tras las elecciones de 2011, gestiona la finca de forma voluntaria en nombre de todos los ciudadanos de la ciudad. Y lo más importante: a diferencia del pasado, los ingresos se reparten ahora entre los salarios de los trabajadores, cuyo número ha aumentado, la mejora de la productividad de la tierra y el apoyo a proyectos de desarrollo para los habitantes de Jemna. Estamos así ante la primera experiencia de «nacionalización popular» en Túnez: el poder de explotar una tierra agrícola pasó de manos del capital privado a las de la sociedad civil, y los ingresos dejaron de ser beneficios en los bolsillos de un puñado de ricos para convertirse en proyectos que mejoran la vida de la gente corriente.
Las raíces del caso
La reivindicación de los vecinos de Jemna sobre Henchir Stil se remonta a antes del Estado independiente. Los jemníes cuentan que el colono francés se apoderó de su tierra, como ocurrió en otras regiones del país, y se la entregó a un gran agricultor francés. Tras la marcha del colonizador, los vecinos intentaron recuperar la tierra y pagaron la mitad de la suma que se les exigía (el equivalente a 80 000 dinares) al entonces gobernador, Ahmed Ballouna. Pero a mediados de los años sesenta el Estado decidió convertir su dinero en participaciones, de las que no obtuvieron nada, en proyectos regionales que supervisaba, como la empresa hotelera El Wahat y la empresa SCAST, que explotó la finca, entre otros. En 1975, el Estado obligó al consejo de tutela a cederle la tierra, que pasó a ser explotada por la SODAD (sigla francesa de la empresa de desarrollo agrícola y de dátiles), filial de Stil.
Sin embargo, la empresa pública quebró, y en 2002 el poder decidió arrendarla a explotadores privados por un plazo de quince años.
Sospechas de corrupción
El principal beneficiario de la cesión fue el contratista de obras Adel Ben Amor Belmabrouk y sus hijos, de la ciudad de Kebili, que arrendaron la mayor parte de la finca, 111 hectáreas, por una renta anual equivalente al precio de 333 quintales y 13 kg de trigo duro durante los cinco primeros años (a la que se suma cada cinco años el valor de unos 125 quintales más). Es decir, la renta del primer año no superó los 9734 dinares. El segundo arrendatario fue Hedi Charfeddine (hermano de Zitouni Charfeddine, exinspector general de la Guardia Nacional y uno de los acusados en las causas de los mártires de la revolución), que arrendó con la misma tarifa la parcela más pequeña, de 74 hectáreas.
Las bajas rentas son uno de los argumentos que presentan los vecinos como prueba de la corrupción que empañó el arrendamiento. Pero Houcine Megdad, director regional de Asuntos de Tierras de la gobernación de Kebili, aseguró a Nawaat que esas son las tarifas vigentes, fijadas cada año por orden ministerial. Reconoce que vincularlas al precio del trigo duro, como se hace con las tierras agrícolas del noroeste, no se ajusta a las particularidades del sur, cuyas tierras producen dátiles, con precios distintos. Y añade que es de los que proponen cambiar ese criterio.
En cualquier caso, los ciudadanos de Jemna no se detienen mucho en la «legalidad» de la renta. Sostienen que no es legítimo que alguien arriende una tierra en la que cada hectárea puede albergar cerca de 150 palmeras, cada una de las cuales puede producir, según los miembros de la asociación, hasta 200 dinares en dátiles, lo que supone una producción total que podría reportar unos 3 millones de dinares al año.
Del beneficio privado al bien común
Los vecinos de Jemna no se quedaron en la teoría. Desde que recuperaron la finca han logrado aumentar su productividad. De hecho, han cuadruplicado los beneficios anuales, que rondaban los 450 000 dinares al año según Mohsen Mezghanni, uno de los colaboradores del antiguo arrendatario Ridha Ben Amer en su empresa de obras, hasta alcanzar 1,8 millones de dinares en la campaña de 2014. Así consta en el informe del auditor externo al que la Asociación de Defensa de los Oasis de Jemna encarga cada año que controle su gestión financiera de la finca.
Sin embargo, y contra lo habitual, los nuevos explotadores de la finca no se benefician de sus ingresos. Los miembros de la junta directiva de la asociación, que gestiona la finca como si fuera el consejo de administración de una empresa, afirman ser voluntarios y no cobrar nada por su trabajo. En cuanto al destino del dinero, además de lo que exige el trabajo en equipos, facturas del agua de riego, salarios, etc., la asociación dedica una parte importante a financiar proyectos de desarrollo para los vecinos. Entre los más importantes, según la lista que hizo Ali Hamza, tesorero de la asociación, figuran: la construcción de un mercado cubierto en el centro de la ciudad; la construcción de aseos y el acondicionamiento de parte del patio de la escuela primaria principal de Jemna; la construcción de una sala de lectura y una sala de profesores en la escuela primaria Ennajah; la construcción de un campo deportivo de barrio; el apoyo a las mezquitas y a la escuela coránica; una ayuda económica al centro para personas con discapacidad intelectual; el apoyo al festival cultural y el cuidado del cementerio de la ciudad. El equipo de Nawaat comprobó estos datos visitando varios de esos proyectos y hablando con algunos testigos. A ello se suma el apoyo a otros proyectos de la región, fuera de Jemna, como la asociación del niño autista de Kebili, la asociación de enfermos de cáncer de Kebili y la escuela primaria de Gafsa, entre otros ejemplos que nos dio el tesorero.
Un segundo mérito de los miembros de la asociación es haber aumentado el número de personas que trabajan en la finca. De 20 trabajadores fijos y 60 temporeros en la parte mayor de la finca en 2010 (según Mohsen Mezghanni), la finca, en sus dos partes, emplea ahora a unos 130 trabajadores, la mayoría fijos (entre personal administrativo y jornaleros agrícolas, además de 3 capataces). Los miembros de la asociación también subieron los salarios: el jornal pasó de 10 dinares en 2011 a 13,5 dinares.
Los miembros de la asociación subrayan además que, a diferencia del anterior arrendatario, trabajan para revitalizar y recuperar la tierra. Aquel «solo se ocupaba de la palmera y del agua; el resto de las tareas necesarias, como los tratamientos y el desbroce, no las hacía como es debido», asegura Ali, uno de los trabajadores veteranos que ya estaban en la finca antes de su «recuperación».
Ridha Ben Amer, el anterior arrendatario de la finca, rechaza la acusación de haberla descuidado. En una conversación telefónica con Nawaat (intentamos grabar con él una entrevista en vídeo, pero dijo que no tenía tiempo), afirmó que había cumplido lo previsto en el estudio que presentó a la Agencia de Desarrollo Agrícola como parte de su solicitud de arrendamiento. Añadió incluso que la agencia consideraba su explotación un «modelo». Sin embargo, no pudimos verificar sus afirmaciones pese a contactar con el comisario regional de Desarrollo Agrícola de la gobernación de Kebili, Faiez Moslem. El responsable negó conocer los informes anuales de control que supervisa una comisión nacional formada por el gobernador de la región y representantes del Ministerio de Bienes del Estado y Asuntos de Tierras, la comisaría regional de Desarrollo Agrícola y la Agencia de Promoción de las Inversiones Agrícolas. Moslem nos explicó que la «Agencia de Promoción» es la principal responsable de controlar a los inversores agrícolas, ya que es la que les concede subvenciones por las obras que realizan para mejorar sus explotaciones. Pero no logramos obtener ninguna información útil al contactar con Hedi Ben Ali, responsable de la agencia en la gobernación, tampoco sobre los criterios de adjudicación de proyectos, por los que le preguntamos. Al igual que Moslem, nos habló con mucha reserva, alegando que acababa de ser nombrado y que las decisiones se toman a nivel central, en la capital. En cuanto a nuestra pregunta sobre si el anterior arrendatario había cumplido los objetivos que fijó en su estudio, Ben Ali no cumplió su promesa de volver a llamar a Nawaat con la información solicitada.
Los obstáculos legales
Ridha Ben Amer considera que los miembros de la Asociación de Defensa de los Oasis de Jemna no son más que una «banda» de ladrones encabezada por su presidente, Tahar Tahri (profesor jubilado y militante de izquierda de los derechos humanos), contra quien ya presentó una demanda que el tribunal de Kebili se negó a examinar. El anterior arrendatario sigue empeñado en recuperar la tierra o en que el Estado le indemnice, y con ese fin ha presentado una segunda demanda contra el Ministerio de Asuntos de Tierras, que le arrendó la tierra cuando era ministro Ridha Grira. Pero el tribunal ha ido aplazando su decisión una y otra vez. Los miembros de la asociación (en su mayoría activistas políticos de diversas procedencias y profesores y maestros de la ciudad) se muestran por su parte convencidos de que ganarán «por la ley» después de haber ganado sobre el terreno, como afirmó Tarek Rahmouni, responsable administrativo de la junta de la asociación.
No obstante, la asociación se enfrenta a una situación jurídica compleja que por ahora le impide ganar la batalla de forma definitiva. El contrato firmado entre los dos anteriores arrendatarios y el Estado sigue vigente hasta marzo de 2017. Dejando de lado los intentos del anterior gobernador de convencer a quienes controlan la tierra de que compartieran su explotación con los dos arrendatarios, algo que la asociación rechazó, puede concluirse que falta voluntad política para resolver el caso. Tahar Tahri habla con amargura de sus reuniones con los sucesivos ministros de Bienes del Estado desde el 14 de enero, y con dirigentes políticos, entre ellos Moncef Marzouki y Hamma Hammami, que le prometieron que «la tierra se devolverá por una decisión política, igual que se arrebató por una decisión política». Todos le confirmaron la legitimidad de las reivindicaciones de los vecinos y prometieron ayudar, pero no hicieron nada.
Esta situación ha impedido a la asociación explotar la finca de la mejor manera. El ejemplo más claro es que no puede pagar las cotizaciones sociales de sus trabajadores, al carecer de la personalidad jurídica que la ley reserva a las sociedades. Los miembros de la asociación han sorteado en parte el problema añadiendo 1,9 dinares al jornal de los trabajadores, que estos ingresan directamente en su cuenta de la Caja Nacional de Seguridad Social. También fracasó el intento de la asociación de crear una empresa para gestionar la finca, que chocó con el rechazo de los vecinos, pese al compromiso por escrito de los gestores de que ni ellos ni sus hijos se beneficiarían de las ganancias de la finca.
Hay que señalar también la flagrante paradoja que asoma en este caso. Aunque el Estado y sus autoridades locales no reconocen legalmente la explotación de la finca por la asociación, no se oponen a que esta financie proyectos de rehabilitación o construcción realizados bajo su supervisión, como las obras en las escuelas, el festival cultural o el mercado de la ciudad, entre otros. Quizá no sea exagerado decir que la asociación, gracias a sus considerables recursos económicos, tiene ya un peso político real en la ciudad. A ello se suma el amplio respeto y apoyo que constatamos entre muchos jemníes, que se han manifestado claramente en varias ocasiones, la última el año pasado, cuando el presidente de la asociación y dos miembros de su junta comparecieron ante el tribunal de Kebili después de que uno de los antiguos arrendatarios los demandara acusándolos de «apropiarse de bienes ajenos». Sin duda, estas dos razones explican por qué el poder se ha abstenido hasta hoy de imponer por la fuerza lo que considera «legal», es decir, devolver la finca a los antiguos arrendatarios.
Posibles salidas legislativas
La nueva realidad impuesta por la asociación, que ha logrado conservar la finca durante los últimos cuatro años, empieza a empujar incluso a algunos responsables locales hacia posturas poco «ortodoxas». Pese a su reserva, en nuestra conversación con Houcine Megdad, director regional de Asuntos de Tierras, percibimos una aceptación implícita de la idea de que podría rescindirse el contrato con los antiguos arrendatarios. El artículo 15 de su contrato prevé que el Estado pueda recuperar la tierra antes del vencimiento «para realizar un proyecto declarado de interés público». Asimismo, en nuestra conversación con Faiez Moslem, comisario regional de Desarrollo Agrícola, percibimos una apertura a la idea de que la finca se explote en forma de cooperativa creada por los vecinos.
Conviene señalar, no obstante, que lo que hace la Asociación de Defensa de los Oasis de Jemna recuerda mucho al concepto de «empresa social», extendido en los países anglosajones, en Italia y en América Latina. En resumen, se trata de empresas sujetas a las leyes del mercado capitalista, pero cuya razón de ser es servir a la comunidad local financiando proyectos dirigidos ante todo a los grupos más necesitados y marginados. Sin embargo, aunque el artículo 12 de la Constitución recoge los principios de «justicia social, desarrollo sostenible y discriminación positiva», la legislación tunecina todavía no cuenta con una ley que fomente la creación de este tipo de empresas, o que al menos facilite las cosas a quienes toman la iniciativa de crearlas.
Preguntas necesarias
Pese a la importancia de lo logrado por la asociación, no todo es de color de rosa, y conviene plantear varias observaciones y preguntas:
No puede decirse que se trate de una experiencia de gestión colectiva al modo «socialista» tradicional. Los trabajadores no tienen las mismas facultades de decisión que los miembros de la junta directiva de la asociación, ni participan de forma democrática o en pie de igualdad con ellos en las decisiones sobre la finca. Siguen siendo sus asalariados, aunque con mejores condiciones de trabajo que antes. Y varios de ellos, sobre todo los veteranos, se quejan de que sus empleadores ya no puedan pagar automáticamente sus cotizaciones sociales, como estaban acostumbrados.
Asimismo, pese al amplio apoyo a la asociación, recogimos críticas de algunos de los ciudadanos con los que hablamos en el centro de la ciudad. Uno de ellos cuestionó la transparencia de las decisiones de financiación de algunos proyectos de desarrollo y criticó que las reuniones públicas abiertas que la asociación celebra con los ciudadanos para informarles de la situación de la finca no sean periódicas y no se anuncien lo suficiente. Tahri respondió que cada año la asociación presenta a los vecinos un balance de todos sus ingresos y gastos, y que cualquiera puede pedir una copia del informe anual que elabora el experto contable. Aunque reconoció que la asociación solo convoca reuniones abiertas cuando «las circunstancias lo requieren», aseguró que cada vez se anuncian mediante un coche equipado con altavoz que recorre las calles de Jemna y mediante avisos escritos colocados junto a «la fuente», en el centro de la ciudad, donde se celebran las asambleas públicas.
En respuesta a nuestra pregunta sobre las garantías que protegerían a la asociación, y a la finca, de los abusos de quienes las dirigen, y sobre las posibilidades de que continúe el mecanismo de «gestión colectiva», Tahri dijo que la principal garantía es la vigilancia de los vecinos y el compromiso continuado de los miembros de la asociación de trabajar como voluntarios sin cobrar. En la práctica, nuestro interlocutor nos aseguró que él y los demás miembros de la junta tienen intención de dejar muy pronto sus cargos en manos de otros vecinos dispuestos a asumir la responsabilidad. Añadió que no se oponen a que la explotación de la finca continúe de cualquier forma, incluso fuera del marco de la asociación: «por ejemplo, a través de la cooperativa El Baraka, propiedad de otros ciudadanos de Jemna». Lo importante para «el mejor izquierdista sin partido de Túnez», como lo describió el escritor Mohamed Kochkar, hijo de la ciudad, es «que no vuelvan a perderse los derechos de los vecinos de Jemna».
نشرة «انحياز» الأسبوعية
حصيلة كل أحد بمقالاتنا وتغطياتنا وفيديوهاتنا، تصلك مباشرة إلى بريدك. مجانية، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.







